La Confederación Patronal de la República (Coparmex) y México Evalúa, advirtieron que de no analizar la propuesta de Ley nacional para eliminar trámites burocráticos, se podría comprometer la transparencia, calidad regulatoria y la seguridad jurídica, tanto de sus ciudadanos como de empresas.
A través de un comunicado se mencionó que ambas organizaciones reconocen el esfuerzo del gobierno por simplificar trámites aunque es necesario rediseñar primero los trámites existentes, ya que “la digitalización podría perpetuar procesos ineficientes o incluso perjudiciales”.
Se detalló que la propuesta de Ley se votará en período extraordinario, sin parlamento abierto, pero promete reducir a la mitad, los tiempos de gestión así como también digitalizar 80 por ciento, los trámites mediante herramientas la “Llave Mx” (identidad digital única).
“También plantea eliminar duplicidades, homologar procesos, brindar un expediente a cada ciudadano y otorgar validez legal a los documentos digitales. En teoría, estos avances permitirían reducir la corrupción y cerrar brechas”, indicó el documento.
De acuerdo con la directora de México Evalúa, Mariana Campos, no se puede digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, ya que pueden ser redundantes.
“El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es un mecanismo clave para evaluar la pertinencia de nuevas normas. Por ello, una de las principales preocupaciones es que la ley contempla demasiadas excepciones a la aplicación del AIR incluso en temas sensibles como expropiaciones, fiscalidad o seguridad, de manera que en la práctica es como si se le elimina”, explicó.
Además, subrayó que para el tema de las consultas públicas, es necesario involucrar a organismos ciudadanos para que ayuden a fortalecer el diseño de normas.
A su vez, el presidente de la comisión de competitividad y mejora regulatoria de Coparmex, Juan de Dios Barba, apuntó que “150 mil regulaciones a nivel nacional y más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno, es un reto enorme; la mejor forma de implementar un proceso de simplificación es hacerlo de la mano con el ”.
En este sentido, también se cuestionó la centralización de competencias en una sola dependencia federal, ya que la desaparición de los consejos locales de mejora regulatoria y del observatorio ciudadano, podría limitar la transparencia, debilitar los contrapesos y reducir la autonomía tanto de estados como de municipios.
“El proyecto no aborda de manera precisa el rezago tecnológico de municipios con baja conectividad ni la exclusión de grupos vulnerables, por lo que la implementación sin inversión en infraestructura y alfabetización digital podría profundizar las desigualdades”, expuso.
Al respecto, la coordinadora en México Evalúa, Ana Lilia Moreno, advirtió que para lograr una transformación legítima es indispensable que la aplicación de la ley esté alineada con las mejores prácticas internacionales, ya que en el fondo “está en juego la capacidad del Estado para generar confianza entre ciudadanía y gobierno”.
En cuanto a las recomendaciones clave para una digitalización incluyente y efectiva, se deben de aplicar modelos probados de digitalización para facilitar el cumplimiento ciudadano y empresarial; se debe asegurar un presupuesto transexenal que garantice la continuidad del proyecto; preservar la autonomía local con recursos y capacidad de acción.
Además de que también se evalúe y se re diseñen los trámites antes de digitalizarlos; y preserven los mecanismos de generación de estadísticas e indicadores públicos de seguimiento y evaluación bajo criterios técnicos e imparciales
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