Una de las grandes exigencias del siglo pasado en México fue el respeto a la decisión de la ciudadanía en las urnas y su inclusión en la toma de decisiones gubernamentales; miles de mujeres y hombres valientes exigieron contar con las condiciones mínimas indispensables para ejercer sus derechos so pena de ser reprimidos, e inclusive encarcelados, desaparecidos o ejecutados.
Este milenio ni siquiera se pone en duda la relevancia del derecho a manifestarse, de ejercer libremente el voto, del respeto a la decisión emitida en las urnas y de la implementación de políticas públicas que no solo consideran las necesidades y los anhelos ciudadanos, la ciudadanía también quiere ser considerada en la planeación de acciones públicas concretas, hasta la evaluación de las políticas públicas de todo un sexenio.
Tanto han cambiado los tiempos vividos que de manera reciente en los municipios fronterizos del norte de México han tenido lugar dos expresiones opuestas, pero emblemáticas de la participación ciudadana: la protesta en Mexicali y el presupuesto participativo en Ciudad Juárez.
Con la frase: “¡Se armó la carnita asada!”, diversos medios de comunicación dieron cuenta del éxito que tuvo el grupo de Facebook que convocó a los cachanillas a protestar pacíficamente el fin de semana pasado contra la gobernadora de Baja California; los manifestantes pidieron transparencia en las acciones de la mandataria y los más osados incluso exigieron la revocación de su mandato, una posibilidad que ni siquiera se sabe si es viable.
Algunos los cuentan por cientos, otros por millas, pero sin duda la Plaza de los Tres Poderes estuvo a reventar de familias que llevaban carne, utensilios y asadores.
Esas representaciones aludían a que unos días antes la propia gobernadora de Baja California y su esposo, a través de sus redes sociales, dieron a conocer que el gobierno de EU les había revocado sus visas; este hecho, de por sí, causa gran revuelo en la frontera, pues es bien conocido que los motivos más conocidos y comunes para retirar una visa son los antecedentes criminales, problemas migratorios, fraude y riesgo para la seguridad nacional o la salud de los estadunidenses.
La protesta en Mexicali culminó de manera bastante abrupta: se apagó el alumbrado público en la Plaza de los Tres Poderes; una forma de represión de baja intensidad que si bien no se equipara a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco durante 1968 sí hace evidente que las autoridades aún no están listas para entablar un sano diálogo y manejar las discrepancias; prefieren hacer mutis, dispersando a quienes se expresan libremente.
Ese mismo fin de semana, mientras en Mexicali se armaba la carnita, los habitantes de Ciudad Juárez se preparaban para ejercer su derecho a decidir el destino de un porcentaje de las finanzas públicas, a través de la consulta al presupuesto participativo, un ejercicio que comenzó a practicarse hace unos años en esa ciudad fronteriza y que se suma al Parlamento Abierto, como mecanismos de participación que denotan las innovaciones democráticas que van teniendo lugar en nuestro país.
Aunque ambos mecanismos han sido criticados, porque pueden fomentar prácticas políticas tan negativas como la simulación y el acarreo, no cabe duda que la consulta por el Presupuesto Participativo del fin de semana pasado logró duplicar el interés de la ciudadanía por participar –se pasó de 96 mil electorales en 2024 a 180 mil en esta consulta–, con ello se han octuplicado los 22 mil votos que se emitieron en Ciudad Juárez durante el 2022.
Estos ejercicios ciudadanos no solo ponen de manifiesto que la ciudadanía quiere ser considerada, también contribuyen a elevar la calidad de la democracia sumándose a otros esfuerzos que se han hecho en los estados fronterizos para abrir espacios ciudadanos.
Artemisa López León*
*Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte
*Las opiniones expresadas en este artículo son de responsabilidad exclusiva de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte
