Una jueza federal declaró improcedente la acción de extinción de dominio de la residencia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, la cual se localiza en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, y que está valuada en 1.9 millones de dólares.
Valeria Ruiz Ortega, juez Primera de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles, señaló en su resolución que la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) en esta caso, comenzó dos años antes de la reforma que establece el catálogo de ilícitos en los que se permite el ejercicio de la acción de extinción, indica la resolución.
“Conforme al artículo primero transitorio, la reforma entró en vigor el 15 de marzo de 2019 y, de acuerdo con el segundo transitorio, el Congreso de la Unión contaba con 180 días para la Ley Nacional de Extinción de Dominio, lo que hizo mediante decreto publicado el 9 de agosto del mismo año, que entró en vigor al día siguiente, en cuyo artículo 1.°, fracción V, sub inciso j), estableció que la acción se puede ejercitar por hechos que configuren el delito de operaciones con recursos con procedencia ilícita”.
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“Como lo sostiene la actora, el 31 de julio de 2013 se realizó la adquisición del inmueble objeto de extinción, a través del contrato de fideicomiso protocolizado mediante escritura pública".
“Que por esos hechos de corrupción, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Sexta Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación en la Ciudad de México, radicó la carpeta de investigación el 27 de enero de 2017 en contra del afectado ** *** ** ** por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia”.
Según la FGR, la residencia fue comprada por Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya.
En julio de 2019, la FGR aseguró la residencia dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, que se inició por el caso Odebrecht.
La mansión está ubicada en el condominio Quinta Mar del desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, y la FGR cree que fue adquirida con los sobornos de Odebrecht.
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