En algunas regiones de México, proteger el medio ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No se trata solo de enfrentar intereses económicos o burocráticos, sino de sobrevivir a amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos.
Cada año, decenas de activistas ambientales son víctimas de violencia por defender ríos, bosques, territorios indígenas o recursos naturales frente a megaproyectos, minería o tala ilegal.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2024 México fue escenario de 94 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales. En MILENIO te explicamos en que entidades se registraron más hechos.
Oaxaca, el estado más letal para activistas medioambientales
Acorde con el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México (2024), el año pasado se registraron un total de 390 víctimas de los 94 eventos de agresión.
Datos del CEMDA refieren que la entidad en donde se registraron más eventos—como intimidación, hostigamiento, homicidio, estigmatización, criminalización y difamación— fue Oaxaca, con un total de 15. Le siguieron Chiapas, Michoacán, Puebla, con 9; y Veracruz, con 8.
"En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo cual equivale al 53.1%. Además, en estos mismos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236 documentadas, lo cual representa el 53.8%".
El informe refiere que otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron:
- Quintana Roo: 7
- Ciudad de México: 7
- Sonora: 5
- Baja California: 5
Los agresores de personas y comunidades defensoras
En 2024, el principal agente agresor de personas y comunidades defensoras del medio ambiente fueron las autoridades, con participación en 62 eventos de agresión, según datos del CEMDA.
"Este porcentaje se incrementó drásticamente, considerando que en el año 2023 fue del 49.5%".
Otros agentes agresores identificados son las empresas privadas, con participación en 25 eventos, y grupos de la delincuencia organizada, cuya participación se identificó en 17 eventos.
Estas agresiones suelen estar relacionadas con la implementación de grandes proyectos de desarrollo o megaproyectos en las comunidades, los cuales a menudo se llevan a cabo sin el consentimiento adecuado de las comunidades afectadas, como:
- Granjas porcícolas: 10
- Edificaciones habitacionales, de servicios y comerciales: 10
- Tala forestal ilegal: 11
- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: 7
- Proyectos mineros como 'La Revancha' y 'Natividad': 6
- Tren Maya: 4
- Relleno sanitario en Paso de Ovejas y en Cholula: 4
- Pesca ilegal: 3
"El contexto actual no ha cambiado significativamente y los ataques en contra de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales representan un grave problema en México que no se detiene", detalló el CEMDA.
La participación del crimen organizado en agresiones contra la defensa ambiental
Aunque tradicionalmente se ha asociado al crimen organizado con actividades como el narcotráfico, en los últimos años su injerencia en conflictos socioambientales ha ido en aumento.
Las organizaciones criminales han expandido sus operaciones hacia economías ilegales como la tala clandestina, la minería ilegal, el tráfico de especies y el despojo de tierras, en especial aquellas ricas en recursos naturales.
Comunidades que denuncian estas actividades o que impiden el avance de estas economías ilícitas se convierten automáticamente en objetivo.
La impunidad agrava el problema. Las agresiones relacionadas con el crimen organizado rara vez son investigadas, mucho menos sancionadas, debido al miedo, la falta de capacidad institucional o la corrupción.
RMV.
