La ciudadanía del municipio de Valle de Bravo celebró el aseguramiento de casi 500 hectáreas dentro del Rancho San Jorge, donde se construían 10 presas de manera ilegal, para captar los escurrimientos del Nevado de Toluca evitando su llegada a la presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala; no obstante, la actuación de las autoridades tomó casi un año, ya que la situación que fue reportada desde principios de 2024.
“Las organizaciones y vallesanos firmantes reiteramos la necesidad de imponer todo el peso de la ley y cero tolerancia, a fin de inhibir que este tipo de conductas, al margen de la ley, se repitan en Valle de Bravo ya que no sólo infringen el estado de derecho sino que causan un grave daño a nuestros ecosistemas, su biodiversidad y a los propios servicios ambientales que el área natural protegida federal y estatal provee no solo a los vallesanos, sino a millones de personas en la CdMx y el Valle de Toluca en términos de provisión de agua y regulación del clima”.
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A inicios de 2024, vecinos y comunidades de la zona de Mesa Rica y la Comunidad de la Huerta, en Valle de Bravo, comenzaron a percibir movimientos en la zona por lo que presentaron diversas solicitudes de información a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes a fin de conocer si la supuesta obra contaba con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.
De acuerdo con las organizaciones que acompañaron a los demandantes, ese tipo de obra debe de contar con la autorización en materia de impacto ambiental federal por realizar obras y actividades dentro de una Área Natural Protegida Federal y por remover vegetación forestal; además de autorizaciones estatales en materia de impacto ambiental, al estar dentro del área natural protegida estatal denominada como “Santuario del Agua” y las licencias de uso de suelo y construcción municipales.
“Solicitudes que fueron respondidas por dichas autoridades negando la existencia de cualquier autorización, licencia o permiso para una obra del tal magnitud, en la zona”.
El 19 de marzo de 2024, mediante imágenes de satélite pudieron constatar la construcción de lo que en este momento parecían ser 7 cuerpos de agua artificiales, excavaciones profundas, así como zonas con derribo de arbolado reciente, en un área aproximada de 262 hectáreas.
A principios de Junio del 2024 ante el descontento y preocupación social, comenzaron a presentar diversas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Bravo por flagrantes violaciones a la normatividad ambiental y de desarrollo urbano.
“No obstante, lo anterior, los únicos sellos que se colocaron y solo de forma temporal, en uno de los portones de al predio, fueron de Suspensión Provisional del Municipio, y en la misma entrada posteriormente otros sellos de Clausura por parte de la Profepa”.
Sin embargo, los sellos fueron removidos y las obras continuaron, por lo que usaron otras puertas de entrada al predio, que hoy se sabe, es de aproximadamente 500 hectáreas, según datos de la Profepa.
El 21 de abril de este año, la Profepa dio a conocer que en la ejecución de la orden de cateo se encontró “que se estaba llevando a cabo la captación de agua sin los permisos necesarios en un número indeterminado de presas o lagos artificiales y se encontraron múltiples daños ambientales, motivo por el cual la FGR aseguró el lugar”.
Por su parte la Fiscalía General de la República (FGR), informó en otro comunicado, que realizó una inspección visual donde se observaban terrenos en las cuencas de los ríos de Valle de Bravo, Maltepec, Tolostoc y Memastepec, por lo que localizaron y aseguraron 10 presas captadoras de agua que eran aprovechadas con el recurso hidráulico, remisión de tierra y daño ambiental; asimismo se aseguraron 27 vehículos dentro de la propiedad.
“Ante los citados hechos, la ciudadanía y comunidades locales vallesanas congratulamos las acciones de Profepa, elementos de la Defensa Nacional, la policía estatal y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar el predio, así como solicitamos PROFEPA y FGR el oportuno seguimiento del caso a fin de imponer las sanciones que correspondan al grado de daño ambiental ocasionado, así como las acciones de restauración correspondientes a los responsables de tales actos ilegales”.
Asimismo, la comunidad reiteró su llamado al Ayuntamiento de Valle de Bravo, y ante el previo conocimiento de los hechos, demandó dar atención oportuna a este tipo de ilícitos, evitando ser omiso en hechos tan graves por la conducta ilícita de desarrolladores privados, que afectan a nuestro municipio, sus comunidades y ecosistemas.
Entre las organizaciones que acompañaron a las comunidades están el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS), Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, Asociación de Colonos Avándaro, Procuenca, Voz de la Naturaleza Valle de Bravo, Imjus, Fundación El Árbol, Viva Viviendas Ambientales, entre otras.
CHZ
