Detrás del júbilo de la Marcha del Orgullo subsiste una realidad mucho más cruda: la violencia sistemática y estructural contra la población LGBT+.
“Muchas veces creen que la conmemoración del Mes Orgullo es solo fiesta o un mes más colorido, que salen a las calles y no, detrás de esto hay una lucha para erradicar la violencia”, explicó Fascinación Jiménez, presidenta de la asociación Unión Diversa de Jalisco.
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Esa violencia tangible y moral. La Fundación Arcoíris registra 15 asesinatos por razón de orientación o identidad sexual en México, además de la desaparición de 11 personas de la diversidad sexual, seis de ellas en Baja California.
Las agresiones contra la población LGBTQ+ se recrudece hacia las mujeres trans, víctimas de las formas más extremas de violencia. La expectativa de vida es de 35 años de edad, y la alarmante situación también se vive en Jalisco. Un caso es el de Dayana, asesinada brutalmente a los 18 años en Tonalá.
El 5 de junio de 2021 salió de su casa en Juanacatlán rumbo a su lugar de trabajo, un bar en Zapotlanejo, pero ya no regresó. Su familia y sus amigas la buscaron y llamaron, pero no tuvieron éxito. Dos días después fue encontrada sin vida y con huellas de violencia. Tuvo que pasar un año y medio para que la familia tuviera justicia. El homicida, Luis Andrés “Z”, fue detenido a los dos meses del crimen y después condenado a 32 años de prisión.
El caso, recordó Jiménez, presidenta de Unión Diversa Jalisco, “fue muy impactante porque el odio se podía sentir”. Un odio que se replica en los discursos políticos y sociales, “vemos a una Lily Téllez promoviendo una ley antitrans, y todo esto se traduce en asesinatos, transfeminicidios, desapariciones”.
Este es el tipo de violencia más extrema hacia la población trans, pero no la única; la más frecuente es la discriminación laboral, “es algo que ha persistido y que desde la asociación civil queremos insistir, las empresas siguen discriminando”.
Aunque Jalisco cuenta con una ley contra la discriminación y varios municipios tienen reglamentos para aplicarla, la mayoría de las personas no sabe cómo presentar la denuncia. Un caso reciente se registró en Zapopan, donde un joven homosexual fue hostigado por otro cliente en un gimnasio, sin que personal interviniera.
“Él estaba dispuesto a ya no ir para no exponerse a la violencia, lo canalizamos a Secretaría General del Ayuntamiento, y al día siguiente ya estaban en el gimnasio, retiraron la membrecía a la persona agresora y el gimnasio aceptó capacitarse”, narra Jiménez.
En el mismo municipio se reportó otro hace años, cuando un guardia de seguridad intentó sacar a dos mujeres que iban tomadas de la mano de una plaza comercial. Casos similares se han documentado en otros espacios: servicios médicos, centros comerciales y oficinas públicas.
Frente a este escenario de violencia y omisión institucional, el trabajo de organizaciones como Unión Diversa resulta vital, donde dan acompañamiento tanto jurídico como psicológico.
“Contar estas experiencias a nosotros nos sirve mucho porque las usuarias o s también lo comparten con más personas y es una manera de ir ejerciendo nuestros derechos”, señaló Jiménez.
Visibilizar, denunciar, acompañar, resistir: eso es lo que está en el corazón de la lucha por la dignidad y la vida de las personas LGBT+ en la entidad.
MC
