Durante los primeros cinco meses del 2025, el Gobierno del Estado de Guanajuato ha enfrentado un alarmante incremento en los homicidios dolosos, lo que ha llevado a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas a cubrir los gastos funerarios de 627 personas asesinadas entre el 1 de enero y el 20 de mayo.
Esta cifra representa una erogación total de 16 millones 624 mil 108 pesos provenientes del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
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Entre las víctimas se encuentran los siete jóvenes acribillados en la comunidad de San Bartolo de Berrios, municipio de San Felipe, cuyo caso ha conmocionado a la sociedad guanajuatense.
Según explicó en entrevista el Comisionado Jaime Rochín, el costo de los servicios funerarios oscilará entre 17 mil y 25 mil pesos por persona, y serán cubiertos directamente a la funeraria por parte de la Comisión.
“Todos los gastos van a ser pagados directamente a la funeraria por parte de la Comisión… ya hay un acuerdo de pago directo en todos los casos”, detalló Rochín.
La Comisión también ha ofrecido a los familiares de las víctimas asesoría legal, representación jurídica durante el juicio penal y atención psicológica, en caso de que decidan aceptar los servicios.
“Si ellos lo aceptan, somos los representantes legales en todo el proceso penal y en todo lo que requieran. La Comisión se vuelve su abogado o abogada”, explicó Rochín.
El constante aumento de homicidios en el estado ha impactado directamente en el número de víctimas que requieren apoyo institucional.
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Para dimensionar la magnitud del problema, basta revisar los datos oficiales: en 2022 se otorgaron 275 apoyos para gastos funerarios; en 2023, la cifra creció a 644; y en 2024, el número se duplicó hasta alcanzar mil 515 apoyos.
La tragedia de San Bartolo de Berrios, donde siete jóvenes fueron asesinados a balazos tras convivir en una fiesta comunitaria, es un reflejo del grado de violencia que azota a las comunidades rurales del estado.
Mientras las autoridades investigan los hechos, las familias reciben el respaldo del gobierno estatal para hacer frente a una de las consecuencias más dolorosas del crimen: enterrar a sus seres queridos.
