En lo que va de este siglo en la Defensoría Pública de la Ciudad de México no se había registrado un paro laboral, hasta hoy. A partir del viernes 30 de mayo, sus pasillos quedarán en silencio: 267 defensores públicos, 530 defensores de oficio y 60 trabajadores sociales, además de su área de servicios periciales, pondrán en pausa la defensa legal de quienes no pueden pagarla. Será el primero en 30 años.
Las razones son claras: hostigamiento, acoso laboral y salarios que apenas alcanzan para subsistir. Los defensores que, día tras día, acompañan a personas sin recursos en áreas como justicia penal en adultos y adolescentes, familiar, civil y arrendamiento, hoy levantan la voz para defenderse a sí mismos.
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A quien responsabilizan de este clima de hostigamiento es a Jazmín Perla Garduño García. Sin nombramiento oficial, se ostenta como asesora de José Juan Torres Tlahuizo, director general de Servicios Legales.
Jazmín Perla trabaja desde la sede de la calle Xocongo 131, en la colonia Tránsito, donde incluso lleva a su perro bóxer, que orina los pasillos y deja la limpieza a los empleados de intendencia. Pequeños símbolos de poder que ensucian más que los pisos, dicen los defensores públicos, entrevistados por MILENIO.
Bajo la istración de Torres Tlahuizo y Garduño García, los defensores públicos han sido obligados a asumir tareas fuera de su jornada laboral: acudir a eventos de la Jefatura de Gobierno, a las audiencias públicas en el Zócalo los martes por la tarde o a conmemoraciones como las del 8 de marzo.
Una sobrecarga (a sus ya de por sí extenuantes jornadas laborales, que llegan a rebasar 12 horas diarias) que, sin embargo, no ha traído consigo mejoras salariales. Su sueldo promedio, ocho mil pesos quincenales, sigue muy por debajo del de sus compañeros en el Ministerio Público, que ganan el doble.
Desde el 2008, con la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que se debía homologar el sueldo de los defensores de oficio con los de los Ministerios Públicos. Algo que a 17 años, simplemente, no sucedió.
Las amenazas no han cesado: deben “prepararse” o, de lo contrario, vendrán nuevos empleados “con mejores credenciales”. Incluso se les pide acudir a cursos y actividades en días inhábiles, sin validez oficial, porque los diplomas ni siquiera cuentan con el aval de la SEP.
A veces el castigo es más sutil, pero igual de violento. Como ocurrió con María Fernanda Ramos Rodríguez, quien fue relegada a un área istrativa solo por ir a una cita médica. Pequeñas venganzas, grandes humillaciones, comenta, por lo que puso una queja ante la autoridad competente.
El pliego petitorio, en manos de MILENIO, exige cinco puntos mínimos: condiciones laborales dignas, respeto a la jornada laboral, seguridad frente a s agresivos, recursos materiales adecuados y transparencia en la istración. Todo lo que debería ser básico, pero aquí es extraordinario.
“Las hojas para imprimir sus escritos dirigidos a los jueces y poder continuar su defensa, son ellos quienes deben pagarlas. Ni mencionar que deben comprar engrapadoras, plumas, perforadoras, folders y hasta el papel de baño”, aseguran.
Y a veces, ni siquiera tienen internet, sanitarios ni personal de intendencia. En Xocongo, trabajan en oficinas, que antes eran una maquila.
Sus peticiones sólo han quedado archivadas desde el 19 de marzo, los defensores entregaron su pliego ante la Dirección General de Servicios Legales, sin respuesta. Y aunque la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, encabezada por Nasheli Ramírez, emitió en 2023 una recomendación general que advertía sobre las pésimas condiciones de la Defensoría, nada ha cambiado.
Este viernes, la Defensoría Pública de la Ciudad de México hará historia y asistirá Raul Camacho Barcenas de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, para dar seguimiento con el expediente: 25/d2917.
CHZ
