A los jueces y magistrados los va a elegir el pueblo. Muy bien. Pero ¿quiénes son los candidatos, para empezar? Y, también, ¿de qué manera serán elegidos?
El hecho de que un ciudadano sin trayectoria en la carrera judicial, mero poseedor de un diploma de abogado, pueda postularse para participar en un concurso previo y, tras ser seleccionado por árbitros pertenecientes a las fuerzas políticas —sujetos con intereses muy concretos—, ser candidato en unas votaciones convocadas para elegir a los primerísimos responsables de impartir justicia en este país, es punto menos que aberrante.
Pero además, los ciudadanos que decidan acudir a las urnas, ¿saben acaso de las cualificaciones, méritos académicos, logros y virtudes de todos y cada uno de los aspirantes que estarán en las listas siendo, encima, que el hecho de que hayan realizado actos de campaña no es precisamente la mejor manera de que podamos conocer sus capacidades reales?
El subdesarrollo de México se debe, en gran parte, a la ausencia de un auténtico Estado de derecho. La ley no ha sido el supremo sustento de la vida pública porque el propio poder la ha pisoteado al instaurar un oscuro modelo de arbitrariedades y componendas sustentado, a su vez, en una cultura iliberal que se desentiende de los principios de la sociedad abierta.
Nuestros gobiernos no han promovido el florecimiento de individuos soberanos sino la multiplicación de sujetos subordinados, de clientelas y seguidores debidamente adoctrinados para responder a modo en las urnas. El populismo, aquí, no es una epidemia reciente sino una práctica muy añeja revestida de un discurso estatista y patriotero en el que sobresale machaconamente el argumento de la suprema unicidad mexicana.
Esos gobiernos tan necesitados de protagonismo y potestades no sólo expropian cuando les viene en gana sino que miran hacia otro lado cuando hay invasiones de tierras, despojos y confiscaciones. La propiedad privada no figura como un valor incontestable en el credo azteca y justamente por eso es que no contamos aquí con un sistema de auténticas certezas jurídicas y garantías.
Pero, a su vez, tampoco importan los pobres en su condición de meros súbditos, beneficiarios, en todo caso, de asistencialismo, pero no de derechos reales.
Y sí, necesitamos justicia. Pero no así...
