En un país donde la violencia se ha convertido algo cotidiano, la seguridad dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo.
Mientras las cifras de homicidios, extorsiones y robos escalan sin tregua, miles de ciudadanos quedan a merced del miedo. En paralelo, crece un negocio millonario: el de la seguridad privada, un escudo exclusivo para quienes pueden costearlo.
En la entrega anterior, MILENIO explicó cómo la violencia se ha convertido un tema de conversación constante a través de medios de comunicación y redes sociales, lo que a su vez genera ganancias para plataformas que han visto en el miedo una nueva forma de capitalización.
En este escenario, la inseguridad no solo afecta la vida cotidiana de millones de personas, sino que también alimenta una economía paralela: la industria de la seguridad privada.
- Te recomendamos ¿Cómo funciona el algoritmo del miedo? Así se construye la inseguridad en redes Narcotráfico
Cómo la violencia empuja a buscar protección privada
Alarmas, escoltas, cámaras de videovigilancia, vehículos blindados y colonias cerradas ya no son herramientas complementarias, sino esenciales para quienes pueden pagarlas.
Aunque miles de mexicanos han recurrido a la instalación de productos de seguridad privada a consecuencia de la violencia que se vive en el país, destaca que no es una práctica nueva.
De acuerdo con Teodoro Antonio Serralde Medina, abogado litigante y representante legal de reguladores de seguridad privada, señala que la seguridad privada no surge exclusivamente a partir de la incidencia delictiva.
En La seguridad privada en México: su regulación y prospectiva, refiere que el origen de los servicios de seguridad privada en el país se remontan a los años setenta, cuando apenas se contabilizaban unas cuarenta empresas a lo largo y ancho de la nación.
"De acuerdo con Müller (2010), el número de compañías comenzó a crecer significativamente después de la crisis económica de 1994, debido a las percepciones relacionadas con el aumento de la delincuencia", describió.
Serralde Medina también refiere que la privatización de la seguridad pública también se presentó a raíz del temor a ser víctima de un delito y la desconfianza hacia las autoridades.
"La policía pública, tanto numéricamente como por la diversificación y sofisticación del crimen y la violencia, no contaba con las capacidades suficientes para atender la demanda de seguridad del sector privado, y por eso comenzó el financiamiento propio para proveerse de seguridad".
En 2020...
La entidad en que se contabilizaba el mayor porcentaje de empresas en el registro estatal era la Ciudad de México, con 18.63%, y en segundo lugar el Estado de México, con 10.32%, reveló Serralde.
Quiénes contratan seguridad privada y por qué
En el artículo 2 de la Ley Federal de Seguridad Privada, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se describe a la seguridad privada como:
"Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública".
En la práctica, esta definición engloba un amplio abanico de servicios que van desde el monitoreo remoto de cámaras hasta la presencia física de guardaespaldas armados. Pero ¿quiénes contratan estos servicios y por qué?
Empresarios, políticos, figuras públicas, comerciantes, propietarios de negocios y hasta familias de clase media alta figuran entre los principales s de la seguridad privada, toda vez que cuentan con los recursos económicos para hacerlo.
En ciertos sectores, contar con seguridad privada es también un símbolo de estatus. Un servicio que no solo protege, sino que proyecta poder.
El costo
En un país donde la percepción de inseguridad se posicionó en 61.9% en zonas urbanas, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, sentirse protegido se ha vuelto una experiencia desigual.
Contratar seguridad privada no es barato. Un guardaespaldas armado puede costar entre 25 mil y 80 mil pesos mensuales, dependiendo de su experiencia, el nivel de riesgo y el tipo de cliente. Empresas especializadas en blindaje de autos ofrecen paquetes que oscilan entre los 500 mil y los dos millones de pesos.
El a sistemas de videovigilancia suele ser más económico. En Amazon se pueden conseguir cámaras de seguridad desde los 529 pesos mexicanos, hasta sistemas de seguridad inalámbricos alrededor de los cinco mil pesos.
Pero esta protección también genera tensiones: profundiza la brecha entre quienes pueden acceder a ella y quienes viven expuestos. Esto crea zonas de “seguridad segmentada”, donde la protección no es un derecho sino un privilegio, y donde la violencia no desaparece, solo se traslada al punto más vulnerable.
RMV.
