Desde hace dos años, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a planear la detención de Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, y de siete de sus ex colaboradores.
La FGR presume que el ex mandatario es probable responsable de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y istración fraudulenta, derivado de un supuesto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil, en Michoacán.
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MILENIO tuvo a la orden de aprehensión librada contra el ex funcionario, la cual fue girada por Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, el 27 de febrero de este año.
El Ministerio Público Federal argumentó que el ex gobernador cometió diversos delitos de manera continuada, de 2015 a 2021.
En un oficio fechado el 18 de agosto de 2023, un analista de información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la FGR, reportó sobre el riego de que Silvano Aureoles evadiera la acción de la justicia, al igual que de sus ex colaboradores José Antonio Bernal Bustamante, Juan Bernardo Corona Martínez, Israel Patrón Reyes y Carlos Maldonado Mendoza, y de que pudieran obstaculizar la investigación en su contra.
Indicó que estas personas cuentan con diversos domicilios y registros vehiculares en distintas entidades del país, además de que registraban diversas salidas de México y que tenían recursos para huir.
Además, “Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, cuentan con Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, hecho con el cual se deduce que tienen conocimiento del uso y manejo de armas de fuego, con lo cual se infiere el riesgo para las víctimas u ofendidos, testigos o para la comunidad”, detalla la pesquisa de la FGR.
De igual manera, agentes de la Policía Federal Ministerial reportaron que, en mayo de 2023, viajaron a Michoacán para vigilar cada uno de los domicilios que visitaba Silvano Aureoles, por ejemplo, en la colonia Fuentes de las Estación, en Zitácuaro; en las colonias Nueva Chapultepec, Sindurio de Morelos, General Oviedo Motal y Bosques de la Huerta, en Morelia.
La vigilancia también se extendió a las viviendas que frecuentaban sus ex colaboradores en los que los agentes pretendieron vigilarlos con drones, pero no lo consiguieron, debido a inhibidores de señal.
Las vigilancias se extendieron a la Ciudad de México, Guerrero y el Estado de México.
Por su parte, el 21 de agosto de 2024, el subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración (INM) informó a la FGR que, de junio de 2023 a agosto de 2024, Silvano Aureoles tuvo diez salidas del país, la mayor parte a Estados Unidos y España, además de Brasil.
Tras la orden de captura, Silvano Aureoles se amparó, pero hace unos días, Jovita Vargas Alarcón, jueza Novena de Distrito de Amparo en Materia Penal, rechazó concederle la protección de la justicia, porque consideró que hay elementos que hacen presumir su responsabilidad.
“Lo anterior, porque de los mismos se desprende su directa participación en los hechos descritos por la representación social, como la persona que probablemente desde 2016 hasta 2021, como gobernador del estado de Michoacán, con otros servidores públicos federales (siete), de manera conjunta, dolosa y continuada, realizó actos encaminados a suscribir contratos de prestación de servicios, de arrendamiento, mantenimiento y posterior adquisición, respecto de siete cuarteles de seguridad pública que fueron desarrollados en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, a favor de Inmobiliaria DYF, Sociedad Anónima de Capital Variable, pese al conocimiento que esta moral no contaba con los años de experiencia, infraestructura ni propiedades en los cuales supuestamente ofertó su servicio".
"Aunado a que, la adquisición permanente de los inmuebles se realizó con un sobrecosto, es decir, por encima de su valor real, transgrediendo con ello las disposiciones establecidas en los numerales 134 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 129 de la Constitución del Estado de Michoacán, 1° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 1° de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo”, detalla la sentencia.
Mencionó que no existe documentación que avale los actos jurídicos realizados, tal como obra en los datos de prueba expuestos por la fiscalía.
“Lo que generó una afectación al sistema financiero mexicano, al no velar por una adecuada istración de los recursos públicos otorgados y hacer valer las mejores condiciones para el Estado, vulnerando el bien jurídico tutelado que es la correcta istración de recursos públicos”, puntualizó.
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