La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado dijo que, a dos días de que se renueve la totalidad del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un rezago significativo en la resolución de asuntos clave para la vida pública del país.
Señaló que algunos expedientes de trascendencia nacional llevan más de mil 500 días sin una resolución, lo que vulnera el derecho constitucional a una justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17.
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Entre los casos pendientes, destacan la acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de 109 fideicomisos, el análisis de la militarización de los puertos, y el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano por el uso sistemático de la prisión preventiva oficiosa, considerada contraria a los derechos humanos.
También permanecen sin resolución los procesos vinculados a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, acusado de construir la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, así como los procedimientos judiciales contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, por los escándalos de corrupción Odebrecht y Agronitrogenados.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano recordó que, en promedio, la Corte tardaba 357 días en resolver acciones de inconstitucionalidad y 389 días las controversias constitucionales.
Sin embargo, varios de los asuntos en curso duplican o incluso cuadruplican esos tiempos.
Proponen establecer plazos claros para combatir rezago judicial
Frente a esta situación, Movimiento Ciudadano propuso, desde abril de 2024, establecer plazos claros para la isión, trámite y resolución de los asuntos que conozca el máximo tribunal del país.
El objetivo es combatir el rezago judicial que, lejos de ser un problema técnico, impacta directamente en el a la justicia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Aseguró que la próxima renovación del Poder Judicial, que incluye el reemplazo total de magistrados y jueces, plantea nuevos desafíos.
Diversas voces han advertido que algunos de los nuevos perfiles carecen de experiencia o conocimientos suficientes, lo que podría perpetuar —o incluso agravar— la crisis de justicia que atraviesa el país.
Mientras los casos sigan sin resolverse y la Corte acumule pendientes, cualquier intento de reforma judicial estará incompleto y será percibido con escepticismo por una ciudadanía que exige resultados concretos, no discursos ni promesas.
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