La reforma judicial de López Obrador, cuyas elecciones se realizarán en menos de dos semanas, tiene al enojo como origen y destino. La echó a volar un presidente enojado porque la Suprema Corte dejó de allanarse a su voluntad; aterrizará en una ciudadanía enojada porque intuye que nadie, aunque la razón le asista, podrá ganarle un juicio a la 4T. Y es que lo que se busca erradicar no son los vicios de la justicia mexicana sino la desobediencia. No se recurre a la aduana de las urnas para detener a los corruptos sino para franquear el paso a los incondicionales. La tesis de que el pueblo solo elige honestos luchadores sociales se derrumba ante la corrupción de muchos legisladores deshonestos y elitistas que han sido electos por ese mismo pueblo. La verdad es que AMLO, receloso de la imparcialidad, convocó a los militantes a reemplazar a los juzgadores.
Se trata, en efecto, de que el Poder Judicial se emule en su cuatroteísmo al Poder Legislativo. El primer paso ya se dio; los nombres que aparecerán en las boletas tuvieron que pasar el filtro de los mandarines de Morena. Ahora su maquinaria electoral procurará que no ganen los pocos candidatos no comprometidos con la 4T que se colaron y luego, una vez en funciones, los nuevos ministros, magistrados y jueces habrán de operar como los diputados y los senadores: bajo el yugo del bloque hegemónico oficialista, con línea dictada desde arriba, con lealtad a la causa y disciplina. Estarán vigilados por un mecanismo de control que envidiará el Congreso, llamado Tribunal de Disciplina. Cinco personas, que apuesto doble contra sencillo serán del gusto del régimen, podrán sancionar e incluso destituir inapelablemente a cualquier juzgador rebelde.
El proceso, que arrancó con listas prefabricadas, culminará en comicios predeterminados. El gobierno celebrará que vote un poco más de 10 por ciento del padrón, es decir, que el abstencionismo sea menor a 90 por ciento. El grueso de los electores desconoce las candidaturas -las hay que llevan personas señaladas por antecedentes delictivos-; las boletas son ilegibles, retacadas de nombres y números. Habrá movilización del aparato del Estado y los movilizadores -siempre comedidos- les facilitarán las cosas a los movilizados dándoles la lista de dígitos a anotar. Una cantidad inusitada de “observadores” han solicitado registro para “vigilar”, la mayoría de ellos vinculados a Morena, el PT y el Verde. Habrá pocas casillas y los votos no serán contados ahí por ciudadanos sino en los consejos distritales. ¿Qué podría salir mal?
Puedo entender que el fervor de los incondicionales de la 4T les haga creer que AMLO y Sheinbaum impulsaron la reforma a fin de depurar el Poder Judicial. Lo que me cuesta trabajo es creer que sus simpatizantes, aquellos que no han renunciado a la autocrítica, se lo traguen. Ojalá fueran sinceros y argumentaran que necesitan concentrar el mando para concretar la “transformación” y que para ello necesitan un sistema de “impartición de justicia” subordinado a los designios del régimen, porque así podríamos debatir la pertinencia de los contrapesos en una democracia. En el fondo esa es la disyuntiva. Desconfiar de las tentaciones del poder o confiar ciegamente en el líder infalible, que en este caso se traduce en gestar juzgadores o matraqueros.
