En el Congreso de Estados Unidos se está discutiendo una reforma fiscal que incluye, entre otras cosas, un gravamen de 5 por ciento a las remesas que envíen personas que no puedan acreditar la ciudadanía estadunidense. Esta propuesta ya ha recibido el rechazo del gobierno mexicano y de diversos actores políticos en México. La discusión y potencial aprobación de esta reforma estaba prevista para la semana anterior, pero una inesperada coalición de congresistas demócratas y republicanos lograron posponer su discusión por unos días.
Es fácil imaginar los efectos negativos que este impuesto podría tener sobre muchos hogares mexicanos, los cuales verían mermados sus ingresos como resultado del nuevo gravamen. En 2024, México recibió cerca de 65 mil millones de dólares en remesas, la mayor parte de ellas provenientes de Estados Unidos. Aunque México es el segundo país receptor de remesas en todo el mundo (solo detrás de India), para el país como un todo el monto no es tan grande, ya que solo representa 3.5% del PIB. De hecho, cuando se ordena a los países conforme al tamaño de las remesas que reciben como porcentaje del PIB, México ocupa el lugar número 69 del mundo.
A pesar de lo anterior, el nuevo impuesto tendría efectos importantes en varias entidades del país, en donde las remesas juegan un papel mucho más relevante. Una nota reciente del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) muestra que las remesas representan un porcentaje significativo del PIB en al menos cinco estados del país: Chiapas (14.3%), Guerrero (13.6%), Michoacán (11.2%), Zacatecas (10.6%) y Oaxaca (9.8%). Estos estados serían sin duda los más afectados, lo cual implicaría un efecto muy regresivo, ya que golpearía a la población de los estados más pobres del país. La misma nota del Cemla sugiere que las remesas podrían estar financiando hasta 44% del consumo de aquellos hogares que las reciben.
En síntesis, el impuesto a las remesas tendría dos efectos sobre la economía mexicana: uno macroeconómico (relativamente acotado) y uno distributivo (el más importante). Además de lo anterior, también es posible que una potencial reducción de las remesas pudiera presionar al tipo de cambio. En este caso, sin embargo, su efecto también podría estar acotado, ya que el monto de remesas es relativamente bajo comparado con los flujos de divisas que se mueven cotidianamente en el mercado cambiario.
Por otro lado, tampoco debemos pensar que los flujos de remesas se van a reducir en forma muy significativa. Esto se debe a que seguramente surgirán mecanismos alternativos para el envío de remesas. Por ejemplo, habrá un mercado gris en el que ciudadanos estadunidenses cobrarán una comisión menor al tamaño del impuesto para realizar los envíos. También retornará el envío de dinero en efectivo y, por supuesto, se utilizarán mecanismos descentralizados digitales alternativos (no fiscalizados). Todo ello, sin embargo, aumentará los costos de envío, incrementará los riesgos y solo mitigará el impacto negativo del nuevo impuesto. Esperemos que prevalezca la sensatez y que algunos congresistas republicanos actúen como aliados de los migrantes y aboguen por la no aprobación de dicho impuesto.
