La casa se nos viene abajo. Antes tenía problemas que creímos superables, pero ahora resbala francamente en el deterioro. La delatan las paredes y los techos, las trabes y las columnas, pero más que nada el tono cada día más desconfiado de sus habitantes.
Es como si una falla eléctrica generalizada se hubiera cargado también a la instalación de gas. Tanto que invertimos y pronto no quedará nada. Es una tragedia: recién voló por los aires el Poder Judicial y con él está a punto también de hacerlo el sistema electoral.
Ni el Instituto Nacional Electoral (INE), ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuentan ya con músculo ni autonomía para detener la caída. Perdieron la capacidad para prevenir, arbitrar y también para sancionar las prácticas fraudulentas.
Es imposible negar la inequidad en la contienda. Hubo una estrategia premeditada, alevosa y sistemática para inducir corporativamente el voto con recursos públicos; en algunos casos se reportó inclusive coacción.
La prueba del deterioro sufrido por el INE es la tardanza que ha exhibido esta dependencia para iniciar, de oficio, una investigación que permita dimensionar la gravedad del fraude y, eventualmente, que contemple la nulidad de las elecciones viciadas.
En contraste, la presidencia de la República y el resto del liderazgo oficialista han calificado como exitosa la elección judicial. A pesar de la muy baja asistencia y de las muchas irregularidades, emplearán todos los recursos para combatir la nulidad.
El hecho de que se haya convocado corporativamente a votar —en un mismo sentido— confirmaría que hubo inducción. De manera añadida, se estaría hablando de coacción si el a los programas sociales fue condicionado.
En estos comicios estaba prohibida la participación de los partidos y, sin embargo, también existe evidencia de que sus estructuras, principalmente las de Morena, se involucraron en el reparto de los acordeones.
Hay señales similares sobre actos de inducción al voto celebrados por funcionarios públicos. Cabe acusar de coacción si se comprueba que los servidores de la nación, responsables del padrón de beneficiarios sociales, fungieron como vehículo para la entrega de los acordeones.
La evidencia disponible informa también que estos actos no fueron escasos ni aislados. El reparto de las guías de votación, con recursos presumiblemente públicos, fue una tarea repetida que ocurrió en prácticamente todo el territorio. Ambos hechos, en conjunto, habrían viciado el desarrollo de la elección.
Cierra el círculo el que los mismos nombres (números) propuestos por los acordeones hayan sido los que obtuvieron la más alta votación para ocupar la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y las vacantes en el Tribunal Electoral.
En breve, hubo acordeones, hubo participación de funcionarios, hubo resultados sospechosamente coincidentes y todo ocurrió de manera sistemática; tal cosa es suficiente para que el INE investigue.
De su lado, las candidaturas afectadas por la inequidad, basando su defensa en el artículo 134 de la Constitución —el cual prohíbe el empleo de recursos públicos en la contienda— tendrían que exigir igualmente una investigación.
Ésta debería responder a una lista acotada de preguntas: ¿cuántos acordeones físicos circularon durante la elección? ¿Fueron miles, decenas de miles, cientos de miles o de plano millones? ¿Qué imprentas recibieron el encargo de fabricar los acordeones? ¿Cuál fue el costo de impresión? ¿De dónde provinieron los recursos para costear tales materiales? ¿Cuántas de estas guías fueron entregadas mediante dispositivos celulares? ¿Quiénes adquirieron los dominios de los sitios empleados para difundir las guías? ¿Las personas destinatarias de estos documentos son beneficiarias de los programas sociales del gobierno federal? ¿Participaron funcionarios públicos o de partido en el reparto de esta papelería física o virtual?
Y la interrogante más difícil de todas: ¿qué debieron ofrecer las personas candidatas a cambio de que sus nombres y datos aparecieron en esas guías? El hecho de que hayan sido incluidas en los acordeones podría afectar la imparcialidad y autonomía de su proceder como personas juzgadoras. En tal caso, ¿serían estos individuos idóneos para integrar el Poder Judicial? Obviamente no.
Ante este panorama, el INE está convocado a enfrentar el escenario más complicado de su historia. ¿Será capaz de iniciar una investigación, aunque termine confrontándose con el poder de la llamada cuarta transformación?
Existe la posibilidad de que una o varias de las candidaturas afectadas por la inequidad de la contienda procedan ante las comisiones de lo contencioso electoral y de fiscalización con el fin de presentar las quejas que obliguen a realizar la investigación.
Esta sería una vía, distinta a la oficiosa, para dar cauce a una tarea que permita dejar un registro, al menos de carácter histórico, sobre el tremendo fraude celebrado contra el Poder Judicial y, paralelamente, contra el sistema electoral.
No hay ingenuidad en esta argumentación. Por más solvente y legítimo que sea al reclamo de la nulidad, el Tribunal Electoral no cuenta con la capacidad institucional para darle cauce. El INE, en cambio, puede al menos ayudar a que quede memoria detallada del deterioro democrático que está ocurriendo frente a nuestros ojos.
Más allá de la asimetría de fuerzas —atendiendo únicamente a las razones del derecho— se impone la obligación de consignar para comprensión de las futuras generaciones la tragedia de la casa desfigurada.
