“Defiendo la libertad de expresión, es parte de la dignidad humana y vale tanto, como el derecho a defenderse de la calumnia y de la infamia, cuando ponen en riesgo la vida de personas inocentes”, dice Tania Contreras López, en respuesta a diversos señalamientos en su contra.
Tiene razón la candidata a magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas: el derecho a recibir justicia y la libertad de expresión, tienen la misma jerarquía constitucional.
El primero está consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna y la segunda es tutelada por el sexto constitucional y tiene límites, como la calumnia en materia electoral, señalada por el apartado C) del artículo 41.
Cuando la candidata consideró que una historia sin sustento, publicada por un medio de comunicación, rayaba en la infamia y la calumnia, acudió a las instancias electorales correspondientes solicitando justicia.
Le dieron la razón, dictando medidas cautelares previstas en el artículo 463 Bis de la LGIPE y 325 Bis de la ley electoral local, al considerar que existen elementos constitutivos de violencia política en razón de género.
Medidas inscritas en los artículos constitucionales 16, 19, 20, 41, 100 y 102, que son temporales, forman parte del debido proceso y buscan proteger a la parte afectada durante el litigio.
Revisando los proyectos de resolución de la Sala Superior del TEPJF, último eslabón de la cadena impugnativa, encontramos expedientes de 2025 (REP, REC y JDC) sobre VPG, algunos de la elección judicial y otros en contra de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.
Siendo una mujer de leyes e instituciones, como se le conoce en Tamaulipas, Tania Contreras López ejerció un derecho constitucional y lo llevó ante las autoridades competentes buscando justicia. Ni más, ni menos.
La defensa jurídica de la candidata, ante un montaje sin sustento, es un caso paradigmático que revela el largo camino por recorrer en matera de violencia contra las mujeres en razón de género, exhibiendo las gafas del machismo, que ven censura en donde hay VPG.
“Estoy preparada para transformar la justicia de Tamaulipas”, sostiene la abogada a partir de su expertise en la función pública, que rebasa el cuarto de siglo, y sólida formación académica, que incluye 3 maestrías.
