Una de las funciones sustantivas del Estado en cualquier organización social es la de impartir justicia, resolver las diferencias entre particulares y de estos con el mismo ente estatal y sus órganos. De esta manera se prohíbe la justicia por propia mano, y se revisten las decisiones judiciales con siglos de evolución en los principios procesales, probatorios y de sus formalidades correspondientes, incluido el que una persona sea oído y vencido en juicio para dictar justicia.
La división de poderes propuesta por John Locke y el Barón de Montesquieu para evitar el control de un poder absoluto (derivado de las monarquías así llamadas) buscaba un equilibrio del poder político. En México hemos navegado dos siglos de historia independiente buscando ese poder equilibrado, pero jamás lo hemos logrado.
El peso específico del Ejecutivo mexicano sobre los otros dos poderes ha sido avasallador en muchas épocas históricas. Y el más sometido ha sido el Judicial. El Legislativo ha tenido sus asegunes, pero registra algunos momentos de relativa independencia y gloria.
El propio poder judicial federal (y ya no se digan los estatales) han sido los responsables de su debacle histórica (con las honrosas excepciones). Siempre han aceptado la línea o francas instrucciones que se les envían al impartir justicia. Incluido el propio diseño del amparo por Mariano Otero; su puesta en práctica y ejecución judicial por Ignacio L. Vallarta; estos personajes fueron también producto del poder político de la época al que sirvieron. Tal vez con mayor racionalidad jurídica y argumentativa, de ahí su huella histórica.
Pero el hecho de que Otero haya propuesto el principio de relatividad (nada más aplica para el demandante la protección constitucional, aunque la ley sea opuesta a la Constitución) para las sentencias de amparo, y no lastimar los actos del Legislativo; y de que Vallarta fuera el principal obstáculo como ministro y presidente de la Corte para que los contribuyentes no pudieran recibir protección contra leyes de impuestos ruinosos y exorbitantes, nos hace ver que el juicio histórico les ha sido muy benévolo.
El amparo fiscal estuvo ausente de la protección judicial durante sesenta años, hasta que, en 1919, con el amparo de Aurelio Maldonado (así se llamó el reclamante), se abrió la puerta del análisis de constitucionalidad respecto de las leyes fiscales. Los argumentos (no entraré en detalles) para impedirlo durante sesenta años fueron pueriles. Recordemos que se itió el amparo de Maldonado, pero el análisis de protección no le fue favorable, no se le otorgó el amparo.
En varias ocasiones he expuesto en esta columna las sinrazones con las que muchas veces los jueces, magistrados y ministros de este poder resuelven las controversias que se les plantean. Donde infinidad de intereses se hacen presentes: la subjetividad y sesgo personal del impartidor o impartidora, los intereses políticos, los económicos, los de corrupción, los de imagen (si, muchas veces se ha juzgado pensando en cómo puede verse afectada la imagen o popularidad de quienes lo hacen), o hasta de abierta enemistad entre personajes públicos (por sus litigios personales) o con tendencia política (como cuando se prohibió el aborto, mismo que después de quince años ya se despenalizó). Cada persona es un mundo y cada juzgador igual. Para eso existen las leyes, los criterios de interpretación y las tesis y jurisprudencias; y no dejar puerta abierta a la arbitrariedad. Muchas veces no se logra.
El día de hoy los ciudadanos podrán acudir a las urnas, a atender la invitación hecha por el INE para dar cauce electoral [dicen democrático], a la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, y avalada por el Legislativo mexicanos. La abierta confrontación política, mediante la guerra judicial que intereses de oposición y el Poder Judicial Federal adoptaron en el sexenio pasado ha llevado a este final –¿o será comienzo? – en donde el más fuerte prevalece (como en todos los sistemas) y nos dará jueces magistrados y ministros electos con “legitimidad” (veremos los números) derivada de las urnas.
Una mayoría de estados (19) van por renovación de sus estructuras locales. Trece no lo hicieron. Jalisco, como siempre, a la zaga, con un poder judicial ineficiente e insensible, con amplios niveles de corrupción (habrá honrosas excepciones). ¿Hasta cuándo tendremos una estructura judicial que vaya en los primeros lugares de la tabla, como nuestro estado lo es en otros importantes rubros, incluyendo el económico y poblacional? y NO en los últimos, COMO ACTUALMENTE lo es; según todas las encuestas y estudios serios de importantes organismos y compañías de investigación y opinión, que documentan la carencia grave que esto ha significado a lo largo de muchas décadas. Votar o no votar son opciones. También son decisiones.
